Mi Comuna Dos Periódico Comunitario
A pesar de que la Política Pública de Protección a Moradores y Actividades Económicas – PPPMAEP- ha sido una lucha continuada de líderes, comunidad y organizaciones sociales expertos y líderes coinciden en que el modelo de ciudad actual es contrario a la Política y no está garantizando su cumplimiento. • Los barrios populares y los sectores socioeconómicamente más vulnerables son los afectados directos con intervenciones del Estado. A ellos se dirige esta construcción legal, política y social.
“¿Qué significa una política pública a moradores sin presupuesto? Significa muy poco. La Política se está reduciendo a mecanismos que agrupan procedimientos que existían desde antes de la Política misma, sin duda un grave error.” Aseguró con firmeza Juan Fernando Zapata, coordinador del Proyecto Derecho a la Ciudad y al Territorio de la Corporación Región, a propósito del debate de control político celebrado en el Concejo de Medellín sobre la implementación de la Política Pública de Moradores, en el primer semestre de este 2022.
La Política Pública a Moradores, ha transitado luchas a través de los años en Medellín, las cuales han derivado en su inclusión en el Plan de Ordena miento Territorial –POT- de 2014 y posteriormente se convirtió en acuerdo municipal en 2019 y se reglamentó en 2021.
Aunque está pensada para garantizar que las condiciones de los moradores de un territorio no se vean afectada o impacte de manera negativa frente a la actuación de obras de infraestructura, actuación urbanística (planes renovación, mejoramiento integral u otros instrumentos de planificación) o riesgo de desastre y calamidad pública, aún genera muchos cuestionamientos, dudas, reflexiones y advertencias que se tejen a su alrededor. Uno de esos cuestionamientos tiene que ver con lo que afirma Zapata en el debate citado, donde insistió que la política a moradores se está reduciendo a protocolos desarticulados que no generan garantías efectivas.
El modelo actual de ciudad reproduce inequidad
Zapata, politólogo y magister en procesos urbanos y ambientales, advierte que: “vivimos en una ciudad que tiene un problema grave con la forma como se entiende el desarrollo. Este tipo de desarrollo está generando la reproducción de una inequidad estructural”.
Hay una afectación hacia las personas más vulnerables, lo que se deriva en un modelo actual que genera víctimas.
Existe una reproducción y profundización de la desigualdad y de la injusticia socio territorial que hay que atender de manera urgente, de no hacerse, el desarrollo urbano de Medellín entrará en crisis.
Voluntad política para una implementación garantista de derechos
Si hay algo claro, es que la protección a moradores, poseedores, tenedores, propietarios, residentes y comerciantes ya no es una opción, es una necesidad, y ese amparo tiene que incluir el ofrecer información oportuna y veraz a las comunidades, derecho a una vivienda digna, protección a medios y modos de vida y la integración con otras políticas públicas en la ciudad.
María Clara Echeverría, profesora emérita Universidad Nacional de Colombia sede Medellín, facultad de arquitectura e integrante de la Escuela del Hábitat-CEHAP, En el Foro Derecho a la Ciudad y Protección a Moradores, promovido por la Corporación Región en julio de 2022, expresa que las afectaciones en las formas de vida y posibilidades de habitar de estas comunidades impactadas por megaproyectos urbanísticos pueden ser catastróficas, debido a que las tramas y relaciones vitales de estas comunidades son interdependientes. Es una lógica territorial que tienen que comprender los gobiernos de turno para poder establecer sus proyectos en la ciudad.
Barrios como Sevilla, Jesús Nazareno, San Pedro, entre otros afectados por el distrito de innovación, o barrios territoriales de borde de río en el costado nororiental principalmente la Comuna 2 Santa Cruz y la Comuna 4 Aranjuez, han estado expuestos a estas contrariedades de una política pública en contravía de la visión gubernamental.
Para la profesora Echeverría, se debe promover un ordenamiento territorial incluyente y democrático, que le apueste a la población como el centro de sus decisiones, y a su bienestar como el objetivo principal.
A continuación puedes ver la sesión plenaria 471 julio 15 de 2022.
Por Catalina Vélez Velasco
Fotografía archivo Corporación Mi Comuna
