Mi Comuna Dos Periódico Comunitario
La objeción de conciencia al servicio militar es el derecho fundamental de una persona a negarse a prestar servicio militar obligatorio por convicciones éticas, religiosas, filosóficas o morales profundas que le impiden tomar armas. En Colombia, está amparada por la Constitución y la Ley 1861 de 2017, permitiendo la exoneración del servicio militar obligatorio.
En el marco del Día Internacional de la Objeción de Conciencia, que se conmemora cada 15 de mayo, surge una pregunta inevitable en la conversación pública colombiana: ¿tienen legitimidad la Policía y el Ejército Nacional?
Esta interrogante no es fortuita; nace de la evidencia de un accionar institucional que, en lugar de garantizar los derechos fundamentales, ha incurrido en el uso desproporcionado de la fuerza y en crímenes sistemáticos que ponen en entredicho el accionar de la fuerza pública.
La crisis de legitimidad de las Fuerzas Militares se sustenta, en gran medida, en las cifras de ejecuciones extrajudiciales, mal llamados «falsos positivos». Recientemente, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reveló que no son 6.402, sino 7.837 las víctimas documentadas entre 1990 y 2016. Esta práctica fue intensificada por la presión de altos mandos políticos y militares para obtener resultados en el marco del conflicto armado colombiano. El hecho de que estas ejecuciones atravesaran múltiples gobiernos —desde Gaviria hasta Santos— demuestra una falla estructural en el accionar del Ejército Nacional.
Por otro lado, la Policía Nacional ha dejado de ser percibida como un cuerpo civil para convertirse, para gran parte de la sociedad, en una institución que inspira miedo y amenazas a los Derechos Humanos. Los informes documentan que la violencia policial es un problema estructural: solo en los tres primeros años de implementación del nuevo Código de Policía, se registraron 289 asesinatos, 39.613 lesiones personales y 102 casos de violencia sexual perpetrados por sus uniformados, según el informe “Bolillo, Dios y Patria” de la ONG Temblores.
Esta ilegitimidad se agudiza en el manejo de la protesta social, donde la doctrina de seguridad sigue viendo al ciudadano como un «enemigo interno» al que se debe repeler con rigor. Eventos como el Paro Nacional de 2021 y las protestas de septiembre de 2020 dejaron centenares de delitos cometidos por agentes policiales. En el citado informe de la ONG Temblores, se documenta que, en 20 años de existencia, el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD, ahora llamado UNDMO) ha sido responsable de al menos 34 asesinatos en contextos de protesta social, entre los que se encuentran Nicolás Neira en 2005 y Dilan Cruz en 2019.
El uso de las redes sociales como espacio de denuncia, ha visibilizado con mayor frecuencia los abusos que cometen los miembros de la fuerza pública en momentos en los que deberían estar brindando diferentes garantías de seguridad y protección de los Derechos Humanos establecidas constitucionalmente.
El Día Internacional de la Objeción de Conciencia es un día para sensibilizar sobre el derecho fundamental de las personas a negarse a cumplir deberes militares o acciones que estén en contra de sus convicciones éticas, morales o religiosas. Además, se busca visibilizar a quienes resisten la guerra y promueven la paz.
En este día, organizaciones sociales y estudiantiles y colectivos antimilitaristas realizan manifestaciones públicas, seminarios, conversatorios y homenajes a quienes también han transitado el antimilitarismo; entre ellos a Martín Rodríguez y a Yerson González (Kanabico), que por muchos años instalaron en la agenda de la ciudad la necesidad de garantizar la libertad de conciencia y de rechazar las batidas que en su tiempo eran la naturalidad de Medellín.
Por Edwin Díaz Olarte y Henrry Valencia
