Mi Comuna Dos Periódico Comunitario
En la Zona Nororiental y nuestra comuna, desde su poblamiento hasta la actualidad, muchas organizaciones, colectivos, vecinas y vecinos nos hemos movilizado por la vivienda y la propiedad de la tierra, el acceso a servicios públicos domiciliarios, agua, energía y saneamiento básico; mitigación del riesgo, salud, educación, deporte y recreación. En últimas, una disputa por vivir dignamente en un territorio que en su mayoría ha sido auto construido a partir de la necesidad.
Nuestras luchas no son un proceso terminado, preguntémonos ¿todos nuestras vecinas y nuestros vecinos tienen propiedad formal sobre su vivienda?, ¿cuántas personas aún se encuentran desconectados de los servicios públicos domiciliarios? ¿cuántos no tienen los ingresos económicos suficientes para cubrir sus necesidades básicas?, ¿cuántas personas hoy tienen amenaza de desalojo y despojo sin la posibilidad de que se les reconozca su vivienda?, ¿cuántos tienen un empleo en condiciones de dignidad?
No es un secreto que esta ciudad que conocemos, queremos y ayudamos a construir es altamente excluyente, esa “ciudad formal” ha sido elitista y segregadora, en muchas ocasiones nos ha apartado de manera material y/o simbólica, desplazándonos e incluso intentando erradicarnos como pasó con los primeros tugurios de la década de los años 50.
También es cierto que a pesar de estas situaciones hemos ganado la posibilidad de ser y habitar la ciudad, la reivindicación de derechos y el reconocimiento de moradores de nuestros barrios. Aun así, no ha sido fácil y no es tarea acabada. Hoy somos conscientes que la exclusión no se parece a la vivida por quienes llegaron a fundar los lugares que hoy habitamos, más continúa siendo un elemento estructurante en Medellín, que con marketing tapa la inequidad, la desigualdad, la estigmatización y la violencia.
Aquí es dónde se justifica plantear el Derecho a la Ciudad, pero entonces, ¿qué es este derecho?
Nombrado por primera vez en 1968, el planteamiento vino del filósofo francés Henri Lefebvre que para su momento fue motivado por la creciente apropiación de la ciudad con fines mercantiles, es decir, abiertamente al servicio de la economía y no de quienes la habitan, convirtiendo el agua, la energía, la educación, la vivienda y el espacio público en un negocio.
Lefebvre suponía un regreso a la vida urbana, entendida esta como las relaciones que construimos los seres humanos en el espacio urbano, privilegiando así su valor de uso, es decir, la satisfacción de las necesidades humanas y de la naturaleza, y no las del mercado. Una ciudad para la vida, que no está a la venta.
Dicho planteamiento se ha nutrido de procesos, movimientos de vivienda, de tierra, feministas entre otros han aportado a su concepción, que hoy se encuentra más vigente que nunca. Por supuesto, Latinoamérica toma protagonismo, pues las realidades que actualmente vivimos países como Chile, Brasil, Colombia, México; han exigido el estudio y la toma de acciones alrededor de este derecho.
Ahora bien, con este planteamiento surge la pregunta ¿tenemos garantizado el Derecho a la Ciudad? la respuesta es compleja, pues pequeñas ganancias a lo largo de los años han permitido avanzar en ello, sin embargo, un vistazo simple a los indicadores de Calidad de Vida de la ciudad, un recorrido rápido por nuestra comuna y los barrios de la zona nororiental para percibir que el camino es largo y necesita de ciudadanías activas en la exigencia de la garantía de derechos.
La ciudad usurpada en función de los flujos del capital está en disputa, desigualdad, segregación, inequidad son algunas de sus expresiones, es allí donde el derecho a la ciudad se convierte en un imperativo, en busca de ciudades más justas, ciudades para la vida.
Por Christian Álvarez López
Fotografías: archivo Corporación Mi Comuna
