Hasta diciembre del año pasado se registraron más de 1180 casos de presuntos delitos sexuales en Medellín. Para agosto de 2015, la Fiscalía mostraba una reducción significativa, con 777 casos. Sin embargo, las causas dan a entender que es la educación el tema central para evitar este flagelo, y por el que deberán trabajar los futuros administradores de nuestra ciudad, nuestra comuna y nuestros barrios.
La violencia sexual es un tema del que es difícil hablar, y más en una comunidad donde se presenta tanto esta calamidad social. Aunque entre el año pasado y este los casos han rebajado, la diferencia no es mucha, y la culpa se la reparten varios factores, no sólo la falta de seguridad para las víctimas.
En 2014, el Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (CAIVAS), entidad de la Fiscalía encargada de investigar estos asuntos, publicó un informe en el que detalla los casos de presunta violencia sexual en cada comuna. En Santa Cruz se registraron 50 agresiones sexuales contra mujeres, y una contra un hombre. Este año, según la sección de epidemiología de la Unidad Hospitalaria, hasta septiembre fueron 42 personas que dicen estar perjudicadas por este delito, de las cuales 33 eran mujeres y 9 eran hombres.
A pesar de que la violencia sexual persigue a hombres y mujeres, las cifras indican que la mayoría de afectados pertenece a la población femenina, especialmente menores de edad.
Sonia Jaramillo, lidereza comunal e integrante del Colectivo de Mujeres, sostiene que “la violencia sexual es muy frecuente en la comuna porque todavía hay mujeres que creen que es obligación ser violadas por su esposo”. El hecho también se debe al desconocimiento de los DESCAM (Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de las Mujeres). “Ignorados por la mayoría de las mujeres, porque nunca los han dado a conocer detalladamente, en todas sus líneas” dice Sonia.
A pesar de que la gente “es más animada a denunciar estos casos” en comparación con tiempos anteriores, aún existe mucha abstinencia a delatarlos, afirma Yirly Serna, trabajadora social de la Unidad Hospitalaria. El 123 social o el Programa Amigable para Jóvenes y Adolescentes de la Unidad Hospitalaria, se ofrece asesoría y acompañamiento psicológico, y en ocasiones visita a colegios para la educación de estos casos.
La psicóloga Diana Estrada expresa su preocupación por las causas en las cuales fueron violentados muchos de sus pacientes, “aquí llegan muchas niñas y miembros de la comunidad LGBT diciendo que fueron víctima de violencia sexual, y al preguntarles en qué estaban la noche anterior, dicen que en una fiesta, y no se acuerdan de nada”. El no ingerir bebidas o alimentos ofrecidas por extraños, cuidarse de sustancias alucinógenas y estar prevenidos ante las redes sociales, son algunas de las sugerencias que esta profesional recomienda.
Pero el peligro muchas veces puede estar dentro del mismo hogar. Según el informe del CAIVAS 2015, fueron 172 los casos de delito sexual donde el agresor era un familiar. “De ahí la importancia de que los padres de familia no sean tan sumisos con sus hijos respecto a estos temas” dice Yirly.
¿Qué se debe hacer cuando se es víctima de violencia sexual?
El proceso a seguir depende del tiempo en que se tarde en denunciar. Cuando el caso es inmediato, la atención debe ser por Urgencias, luego se activa el protocolo de salud, donde se toman muestras, se asiste psicológicamente y se garantiza el suministro de anticoncepción. Luego, el caso es remitido a Fiscalía y a Medicina Legal. Yirly sugiere que el procedimiento sea al contrario, “primero acudir a la Fiscalía, porque es mejor que ellos tengan el caso directo de la víctima, y no por intermedio de nosotros. Ya después nosotros les brindamos las ayudas pertinentes”.
Cuando la víctima denuncia el caso pasadas 72 horas del abuso, se ordenan exámenes para VIH e ITS, hepatitis o embarazo; se notifica a la Fiscalía, el paciente es remitido a psicología y trabajo social, y se hace un seguimiento general a la salud de la persona.