«Mi hijo fue comprado por el Ejército por doscientos mil pesos»

“Mi hijo desapareció el 8 de enero del año 2008, ejecutado por la Brigada 15, si es que a eso se le llama ejecución, se llama más bien un crimen de lesa humanidad. Fue asesinado cuatro días después de ser desaparecido y sindicado de ser el jefe de una organización narcoterrorista”.

 

Así relata Luz Marina Bernal lo que le sucedió a su hijo Fair Leonardo Porras, un joven de 26 años que fue ejecutado extrajudicialmente. Esta mujer, como integrante de las Madres de Soacha, desea que se conozcan sus rostros, sus nombres y el nombre de sus hijos porque están dispuestas a dar su vida por la verdad.

Las ejecuciones extrajudiciales son asesinatos ilegales cometidos por miembros de la Fuerza Pública contra civiles que son presentados como “bajas positivas” en combate. Según Adriana Arboleda, abogada de la Corporación Jurídica Libertad, se han logrado documentar más de tres mil casos en el país, donde se compromete directa y exclusivamente a miembros de la Fuerza Pública,  en especial a integrantes del Ejército en casi todo el territorio nacional.

En este delito, conocido como “falsos positivos”, confluyen muchos otros. Las personas son engañadas e incluso son retenidas de manera ilegal y luego son asesinadas. Las familias sufren la desaparición de sus seres queridos durante un período de angustia en el que no saben nada de ellos.

Una de las causas del incremento en los casos de ejecuciones extrajudiciales se dio por la implementación de dádivas e incentivos financieros en el Ejército, creados mediante la Directiva Ministerial 29 de 2005, por la presión ejercida por el Gobierno anterior para mostrar bajas guerrilleras.

Según la Corporación Jurídica Libertad, si bien en los últimos años el número de denuncias por este delito ha disminuido, estos casos continúan presentándose en las zonas con mayores niveles de enfrentamiento entre el Ejército y la guerrilla. Su impacto ha sido mucho mayor en áreas rurales caracterizadas por familias con bajos recursos económicos, lo que dificulta el acceso a la justicia y el conocimiento de los hechos por parte de la opinión pública. De allí que exista un subregistro desconocido, es decir, casos que no han sido denunciados por temor o desconocimiento.

¿Cómo y por qué  se lo llevaron?

Cuando Luz Marina intentó  hacer las denuncias, no obtuvo apoyo de ningún ente estatal. Por esta razón,  el proceso de búsqueda recayó sobre los hombros de la familia. Sus hijos le ayudaron a buscar a Leonardo en clínicas, hospitales y albergues. Todos los días, esta madre se levantaba con la esperanza de encontrar a su hijo. No podía dormir ni comer, su angustia parecía no tener fin. Mientras veía su cama vacía pensaba en él y se preguntaba si estaría bien, si tendría hambre o si estaría vivo.

Después de ocho meses de larga espera, Luz Marina fue citada en Medicina Legal para identificar un cadáver por medio de fotos. Aquel 16 de septiembre sintió su vientre frío, sintió que su hijo ya no estaba vivo. Le dijo a su hija: “se acabó la búsqueda, Leonardo está muerto”. Cuando estaba allí, le leyeron una lista con 30 nombres, entre los cuales se encontraba el de su hijo que al igual que 29 jóvenes más, había sido llevado con promesas de trabajo a Ocaña, donde fueron asesinados, presentados como guerrilleros dados de baja en combate y distribuidos en fosas comunes.

Así como sucede en el resto del país, los reclutadores les ofrecen a sus víctimas trabajos bien remunerados en fincas con salarios entre un millón y cinco millones de pesos. “Los reclutadores son militares retirados del Ejército y esta gente lo que hace es llevarse a los muchachos y venderlos. Mi hijo fue comprado por el Ejército por doscientos mil pesos. Eso pagó por su vida”, afirmó Luz Marina.

El 26 de septiembre, esta mujer viajó a Ocaña, Norte de Santander. Allí conoció qué delitos que se le atribuían a su hijo. A partir de ese momento, comenzó el viacrucis para esta familia que aún continúa buscando la verdad y que logro demostrar con la historia clínica de Leonardo que este sufría de meningitis, lo cual significa que el 53% de su cerebro no funcionaba adecuadamente.

Gracias al proceso social y jurídico de cuatro años realizado por las madres de Soacha se consiguió la condena de 14 militares por 3 de las 19 ejecuciones extrajudiciales denunciadas, entre ellas la de Leonardo.

Esta localidad pobre cercana a Bogotá, se convirtió en un caso emblemático a nivel nacional porque tal y como lo asegura Luz Marina, “las madres víctimas han tenido la osadía de denunciar ampliamente con nombres y apellidos, con rostro porque eso fue lo que robaron a nuestros hijos, el rostro y la identidad”.