Mi Comuna Dos Periódico Comunitario
Para entender qué es el derecho a la ciudad primero deberíamos abordar cómo se mueve la ciudad y como se disputa la misma.
La ciudad está en constante disputa, no existe un modelo único de ciudad, sino que se superponen y se contradicen entre ellos, podría decirse que existen dos grandes vertientes por donde pueden transitar las ciudades o estos modelos, por un lado, está el modelo de ciudad que se construye desde los centros de poder (en nuestro caso La Alpujarra). Por otro lado, está la ciudad popular, es aquella que se construye desde los barrios y con las comunidades organizadas.
En la primera prevalecen proyectos urbanísticos que buscan mejoras en la ciudad para que el capital pueda circular de mejor manera y sea más atractiva para posibles inversionistas y turistas.
Vivimos en la ciudad con la mejor calidad de servicios públicos y al mismo tiempo barrios sin agua potable. Se hacen inversiones en puentes y vías para la circulación de mercancías, pero no vías que conecten nuestros barrios populares.
Esta forma de construir la ciudad es un modelo que ha expulsado a sus habitantes constantemente de sus territorios, pues prioriza lo que llaman “bien común” por encima de la dignidad de las familias, violando su derecho a una vivienda digna y obligándolos a asentarse en otros lugares que le son ajenos, en muchas ocasiones sin las garantías de permanencia allí. Así como lo explica el grupo Kavilando en unas de sus investigaciones en 2019:
La ejecución de estos proyectos en diferentes zonas de la ciudad, comparten, y no por casualidad, unas consecuencias, relacionadas con el modo en que actúa la Administración: desalojos forzosos, amenazas de desalojos, reasentamiento de población y arrendamiento (a)temporal -que supera en muchos casos 5 años-, son las acciones sistemáticas de diferentes instituciones estatales, las cuales repercuten en la vida, la integridad personal y el derecho a la vivienda adecuada de las comunidades que habitan los lugares que reconocían como hogar.
Por otro lado, la ciudad también se ha construido desde redes comunitarias y la organización popular. Estas se resisten a dejar sus territorios por los proyectos que buscan “modernizar” la ciudad y en cambio, construyen y utilizan los espacios que tienen disponibles para mejorar las condiciones de vida de sus familias. Desde la construcción colectiva de los barrios hasta la gestión del agua han sido formas en las que las comunidades de algunos sectores de la ciudad han mostrado la capacidad organizativa y de gestión que tienen para transformar su territorio y seguir permaneciendo en él.
En ese sentido podríamos decir que el derecho a la ciudad se hace efectivo con la capacidad que pueda adquirir la ciudadanía para incidir en la toma de decisiones sobre su territorio, que les permita resistir y persistir en la construcción del mismo, para tener una vida digna, es decir el derecho a la ciudad es la posibilidad de habitar y construir la ciudad que quieren las comunidades y que les permita tener una vida digna en ella, con acceso a todos los derechos básicos para su desarrollo pleno.
Sin embargo, las herramientas y la organización comunitarias no son suficientes si las condiciones sociales y políticas de nuestros territorios no son las adecuadas para ejercer libremente nuestro derecho de participación ciudadana; desde los años 80 el conflicto en la ciudad de Medellín y el Valle de Aburrá se recrudeció y ha venido evolucionando desde entonces, de un conflicto de enfrentamientos constante a un control territorial muchas veces silencioso pero conocido por las y los habitantes de los territorios.
Es un secreto a voces la presencia de grupos armados ilegales en la mayoría de los barrios de Medellín y del Valle de Aburrá, dichos grupos armados han marcado formas de vida y de circulación de las personas que habitamos las laderas, lo que ha imposibilitado que las ideas y proyectos circulen de forma libre entre la población, que el espacio público se vea limitado a la disponibilidad de dichos grupos para cederlos, como es el caso de parques usados para comercio de drogas, lugares específicos de reunión o lugares que son vetados o riesgoso para la comunidad. Incluso, que haya un control económico sobre los emprendimientos y negocios de barrio, a través de cobro de vacunas y, en algunos casos, la obligación de circular mercancía proveída por los mismos actores armados.
«[…]y ya con el tema de la tienda pues, a ver, mi papá paga vacuna de 5 mil pesos los sábados, y a veces que yo estoy en la tienda los sábados, que mi papá tiene que hacer una vuelta, que yo estoy cuidando, a mi me toca dar los 5 mil cuando ellos llegan, pues yo soy el que está en la tienda entonces me toca a mí; pues yo si siento como ganas de preguntar ¿qué pasa si yo no pago los 5 mil?[…]» (relato tendero Barrio Paris)
La justicia y el control del delito también es ejercida en muchas ocasiones por dichos actores, pues el Estado ha cedido – en buena fe digamos que por falta de capacidad- el ejercicio del control y el monopolio de la violencia a dichos actores armados, quienes fungen como jueces y verdugos en los casos de conflicto en algunos territorios.
«suéltelos, eso sí, tienen 8 días para irse del barrio” mi mamá les dijo que “no, cómo me van a hacer ir la pelada, yo no tengo familia en otra parte, ella está en embarazo mire como la volvieron” a mí me cortaron el cabello, o sea eso fue una cosa de locos, cuando ya nos soltaron pues, ya al otro día empezó a venir un “man” acá a cobrar una vacuna, que supuestamente por las cosas que se habían robado, venían cada 8 días a cobrarle a mi mamá y al papá de mis hijos» (relato de víctima de ajusticiamiento)
Es por esto que la necesidad de un proceso de paz urbana territorial es indispensable para seguir avanzando en la construcción del derecho a la ciudad, pues para participar y habitar nuestros territorios necesitamos que las barreras del conflicto silencioso y el control territorial en nuestros barrios desaparezca, para poder ejercer nuestro pleno derecho al espacio público, al intercambio de ideas y a la participación política de forma segura.
Es necesario que nuestros jóvenes, vecinos, amigos, ex amigos, ex compañeros de clase, primos, hermanos, sobrinos, tíos vuelvan a construir comunidad desde otras apuestas que no sean la intimidación y el control territorial por medio del poder armado, que existan las suficientes posibilidades para que no tengan que recurrir a estos caminos y puedan desarrollarse plenamente con la conciencia y el barrio en paz.
Por el momento, queda el llamado a las colectividades y los liderazgos barriales a seguir pensándonos en espacios seguros y acciones políticas de retoma de dichos espacios, ya que la institucionalidad ha demostrado una incapacidad – o falta de voluntad- para avanzar en procesos estables y confiables de desmonte y re-socialización de los grupos armados ilegales que habitan y gobiernan nuestras calles.
Por: Luis Arango
