En Colombia, hablar de medios públicos es hablar de derechos fundamentales: el de informar y ser informados, consagrados en el artículo 20 de la Constitución. También implica garantizar contenidos de calidad y exigir responsabilidad ética a todos los medios —públicos, privados o comunitarios— en su relación con las audiencias.
¿Qué es un medio de comunicación público?
Un medio público no es simplemente aquel financiado con recursos del Estado. Es aquel que pone sus contenidos al servicio del interés general, como lo presenta el Sistema de Medios Públicos de Colombia RTVC en su artículo “Comunicación pública y privada en Colombia, Definición, características y retos” los medios públicos tienen las herramientas de comunicación para favorecer a las audiencias alrededor de la construcción de lo que es de todos, donde su apuesta no debería estar en el gobierno de turno, sino en la construcción de lo público.
En esa misma línea ,entendiendo lo público como aquello que es común, visible y disponible para todos, en un país tan diverso como el nuestro, se requiere salvaguardar la memoria audiovisual. Esto plantea retos importantes para la comunicación pública como lo dice Uriel Sánchez, quien fue gerente de Teleantioquia 2020-2021. “Lo que hace público a un medio no es su propiedad, sino a quien se dirigen sus contenidos, reflejando la diversidad, la pluralidad y los debates que construyen país”.
¿Qué dice la norma?
La legislación colombiana plantea el reconocimiento del derecho a la libertad de prensa y de expresión, así como el acceso a la información pública. Leyes como la 1341 de 2009 regulan la sociedad de la información, desde un marco general para la formulación de las políticas públicas que rigen el sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). Promoviendo la equidad en el acceso a los medios y los contenidos de calidad.
Además, la Ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública Nacional, obliga a todas las entidades del Estado, incluidos los medios públicos, a garantizar el acceso a la información sin sesgos ni filtros. “Que lo que se diga sea verídico, que las cifras que se muestran, las historias que digan estén basadas en la realidad”, señala Marcela Londoño, Comunicadora Social, Especialista en Comunicación política. Para ella, este principio debería garantizar “la posibilidad de hacer verificaciones de la información que se transmite de forma mañosa o mentirosa” en otras palabras, los medios públicos no deben ser usados para amplificar la voz única del poder, ni como vitrina del gobernante de turno para hacer campaña, sino como espacios de construcción ciudadana.
Aunque la ley es clara, en la práctica los medios públicos suelen estar más cerca del poder que de las audiencias, y terminan cumpliendo funciones más propagandísticas que informativas.
¿Qué sucede cuando un medio se posiciona como una caja de resonancia para la propaganda? Este fenómeno no se limita al ámbito Estatal. Como advierte Bastien Bosa, en su artículo Los medios de comunicación y la democracia, donde aborda cómo los medios privados también han asumido un papel político explícito, al pasar de informar a influir directamente en la visión de mundo de sus audiencias. Un ejemplo de ello es la revista Semana, que, “siguiendo explícitamente el modelo de Fox News en EEUU”, según Bosa decidió “defender una visión política ultraconservadora”. Desde entonces, añade Bosa, la revista ha asumido que su papel es influir en la manera en que sus lectores “vean y entienden el mundo”.
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) ha alertado en varios informes sobre cómo la independencia editorial de los medios públicos en Colombia se ve afectada por intereses políticos. Según su informe de 2023, varios canales regionales presentan “contenidos alineados con la narrativa del gobernante local, sin espacio para el disenso”.
El límite entre lo público y la propaganda
En tiempos donde las redes sociales y la polarización política han transformado el ecosistema mediático, los medios públicos enfrentan un reto aún mayor: mantener su independencia editorial y no funcionar como el trampolín mediático. “Lamentablemente hemos aceptado que gobernante que llega, gobernante que tiene toda la potestad de hacer del medio público su caja de resonancia o su vitrina de vanidad”, afirma Marcela.
La propaganda busca persuadir, convencer a toda costa; el periodismo en cambio, busca informar con rigor, con preguntas incómodas, con análisis, con diversidad de voces. Cuando un medio público renuncia a su papel de cuestionar para simplemente repetir los discursos oficiales sin cuestionar, cruza una línea peligrosa y pierde su misión. “Ya no nos están vendiendo un contenido, sino un candidato”, advierte Marcela y va más allá: “Cuando hay una repetición constante de frases como ‘recuperamos a Medellín‘ o del nombre del gobernante, cuando todo el contenido tiene la misma línea editorial, ahí lo que hay es una estrategia para posicionar su imagen. Eso no es comunicación pública, eso es propaganda”.
La falta de espacios para la crítica o la participación ciudadana empeora la situación, “Te pasan la propaganda, pero no hay ningún canal habilitado para que tú puedas llamar, hacer un comentario, un reclamo. No hay posibilidad de interacción.” Agrega Marcela.
Y aunque los medios públicos tienen un deber aún mayor por su naturaleza estatal, estos no eximen a los medios privados de su responsabilidad ética. Informar no es un favor, es un compromiso social. Y eso aplica desde los grandes noticieros hasta las radios comunitarias.
¿Y la audiencia qué puede hacer?
Como consumidores tenemos una tarea clave, debemos realizar seguimiento sobre la forma en que nos presentan los contenidos. No se trata solo de quedarnos en una actitud pasiva como receptores, debemos también hacerlo con una mirada crítica, cuestionando y exigiendo contenidos de calidad, éticos, y participativos. Velando por la pluralidad de voces donde se pueda contrastar la información que nos presentan.
“Hoy se nos facilita ser más corresponsables con los medios públicos. Tenemos la posibilidad no sólo de consumir contenidos, sino de crearlos, interactuar, exigir. […] Se necesita control social, estar al tanto, generando contenidos que ayuden a argumentar la necesidad de ampliar voces y posturas, sobre todo desde la ciudadanía”, señala Marcela.
Informarse también es un acto político, en contextos donde medios públicos sirven al posicionamiento gubernamental, el control social se convierte en una herramienta esencial para equilibrar el ecosistema mediático. Por eso, como audiencias activas, tenemos el poder de transformar la comunicación: reconociendo los medios responsables y exigiendo transparencia.
Por Rodrigo Aristizábal Giraldo
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