Desde la firma del Acuerdo de Paz en noviembre de 2016 hasta junio 2020, en Antioquia se han presentado 1.286 agresiones contra la labor de los líderes y lideresas sociales. Es el segundo departamento de Colombia con más agresiones reportadas, con un total de 400 según el Observatorio del Nivel de Riesgo a la Labor de Líderes, Lideresas, Defensores y Defensoras de Derechos Humanos en Antioquia de La Fundación Sumapaz y La Corporación Jurídica Libertad.
La Corporación Jurídica Libertad tiene como objetivo la defensa de los derechos humanos y hace parte del Proceso Social de Garantías de Antioquia, una articulación de organizaciones sociales de las subregiones del departamento que desarrolla acciones de prevención, protección, investigación y garantías de no repetición. En ese sentido, han realizado un protocolo de protección y autoprotección para los líderes y lideresas sociales en el que se encuentran una serie de herramientas para la exigibilidad de derechos frente al Estado y también las formas de responder a hechos violentos y violación de los mismos.
Este protocolo está construido a través de cartillas, donde se explica el concepto de defensor o defensora de derechos humanos, agresión, riesgo, amenaza, protección y autoprotección; plantea una serie de consejos de cómo actuar en los casos de violencia y vulneración de derechos y además hace énfasis en las violencias de género y las medidas de protección durante la cuarentena, puesto que ha sido un periódo de tiempo en el que se han incrementado las violencias contra los liderazgos sociales, principalmente por parte de la fuerza pública.
Todos los municipios del departamento tienen presencia de al menos un grupo paraestatal o funcional a este. Territorialmente predominan las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), un grupo que ha aumentado su dominio al 90% de los municipios del departamento según el Proceso Social de Garantías.
La fuerza pública también hace presencia en los 125 municipios, lo que para la Corporación Jurídica Libertad, evidencia que no es por falta de pie de fuerza que los grupos armados ilegales se establecen en los territorios. Tal es el caso del Bajo Cauca que, con más de 5.000 efectivos de la fuerza pública en el territorio, presenta una grave crisis humanitaria.
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