Mi Comuna Dos Periódico Comunitario
En 1948, el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, líder que encarnaba las esperanzas de los sectores populares, profundizó las tensiones sociales y dio paso a un ciclo de violencia que marcaría para siempre la historia del país. Lo que vino después tiene nombre: La Violencia, suceso que generó desplazamientos masivos de familias campesinas a los principales cascos urbanos de Colombia. Y lo que siguió: décadas de conflicto armado que todavía no terminan.
Por eso no es casualidad que el 9 de abril sea el día para conmemorar la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado. La fecha está consagrada en el artículo 142 de la Ley 1448 de 2011, la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, y representa un reconocimiento del Estado a las más de nueve millones de personas que han sido afectadas por décadas de violencia y conflicto armado interno. Nueve millones. Es un número que cuesta pronunciar.
¿Para qué sirve tener una fecha así?
No se trata de un ritual vacío ni de un acto institucional más. La ley es concreta en lo que exige: ese día deben realizarse actos públicos, eventos de memoria y reconocimiento de los hechos que han victimizado a colombianos y colombianas. Todo ello orientado hacia un horizonte que este país todavía le debe a sus víctimas: la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.
Como lo explica Daniela Rodríguez Sandoval, historiadora y politóloga de la Dirección Distrital del Archivo de Bogotá. Esta conmemoración no es solo simbólica. Los artículos 143 y 144 de la misma ley amplían la obligación: le imponen al Estado el deber de preservar la memoria y proteger los archivos relacionados con violaciones a los derechos humanos. Porque la memoria no flota en el aire: vive en documentos, en registros, en testimonios que deben ser custodiados para que la historia no se repita ni se borre.
Recordar también es un acto político
El 9 de abril no debería reducirse a un acto de gobierno o a una nota de prensa. Debería ser una invitación colectiva a preguntarnos: ¿qué sabemos del conflicto que está llegando a nuestra puerta? ¿Conocemos a los vecinos y vecinas que llegaron desplazados? ¿Sabemos cómo acompañarlos?
Preservar la memoria, es un acto de resistencia y de compromiso con la verdad; es un esfuerzo por mantener viva la historia de aquellos que sufrieron y lucharon. En Colombia, hacerlo no es un gesto menor: implica riesgos. Ana Fabricia Córdoba, lideresa comunitaria y víctima de desplazamiento forzado, fue asesinada en el 2011 en la comuna 2 de Medellín por su trabajo en defensa de los derechos de las víctimas. Y eso no es solo tarea del Estado ni de los archivos: es también responsabilidad de los medios de comunicación, de las organizaciones sociales y de cada uno de nosotros.
En los barrios de la zona Nororiental de Medellín, esa memoria tiene rostro de mujer. Lideresas que han sostenido procesos comunitarios en medio de la violencia, el desplazamiento y el abandono institucional. Mujeres como Mónica Benítez, Luz Danelia, Luz Elena Ibarra, “La Chava” y Aura Lía Serna, que no solo han resistido, sino que han construido comunidad, han acompañado a víctimas y han mantenido viva la memoria en los territorios donde el conflicto sigue llegando todos los días.
Nombrar lo ocurrido en Colombia ha sido también una disputa política. Durante años, distintos sectores han intentado imponer versiones del conflicto que minimizan responsabilidades, diluyen las violencias o las justifican. En esa disputa por el relato, la derecha ha jugado un papel clave desde dentro del propio Estado, definiendo qué se recuerda, qué se omite y a quién se le cree. Por eso, recordar no es solo un ejercicio simbólico: es una forma de confrontar esas narrativas y de defender el derecho a la verdad.
El conflicto no es pasado: Medellín lo recibe cada día
Hablar del 9 de abril como si fuera solo historia sería un error. El conflicto armado en Colombia sigue activo, pues actualmente más de 30 grupos armados ilegales siguen operando en más de 400 municipios. Las principales estructuras armadas en Colombia son disidencias de las FARC, ELN y Clan del Golfo, suman cerca de 27.000 integrantes, con fuerte presencia en departamentos como Cauca, Arauca, Chocó y Antioquia, según la Fundación Ideas para la Paz.
De acuerdo a los reportes del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) entre 2016 y 2024 han sido asesinados más de 1.500 líderes sociales en el país, 173 de ellos solo en 2024. Para el 2025 la cifra aumentó: 187 líderes, lideresas y defensores de derechos humanos fueron asesinados.
En materia de masacres, lo que va de 2026 es bastante alarmante, siguiendo los datos recopilados por Indepaz: el primer trimestre de 2026 se convirtió en el período más violento de la última década en materia de masacres, con 35 casos documentados y 133 personas asesinadas.
Pero no son solo asesinatos a líderes sociales y masacres, según datos de la Personería Distrital de Medellín, durante 2024 llegaron a la ciudad 6.313 personas víctimas de desplazamiento forzado. Mujeres, hombres, niños y niñas que tuvieron que abandonar sus territorios huyendo de amenazas de muerte, enfrentamientos armados, extorsiones, homicidios, despojo y reclutamiento forzado.
Entre enero y marzo del 2025, 1.661 personas llegaron a Medellín desplazadas. En el mismo período del año anterior eran 926. Eso es un incremento del 79%.
¿De dónde vienen? De territorios históricamente golpeados por la violencia: Quibdó encabeza con 379 hogares desplazados hacia Medellín, seguido de Segovia, Caucasia, Turbo, Tibú, Ituango, Chocó, Apartadó, Tarazá y Briceño.
Estas personas no llegan a ningún lugar preparado para recibirlas. Llegan, muchas veces, a los barrios de ladera, a las comunas populares. Llegan a territorios como Santa Cruz, donde la vida ya tiene sus propias dificultades y donde, sin embargo, también se recibe el dolor del resto del país.
Si tú o algún vecino o vecina han sido víctima de desplazamiento forzado u otra vulneración de derechos, la Personería Distrital de Medellín tiene rutas de atención disponibles: línea +57 (604) 384 99 99 y correo info@personeriamedellin.gov.co.
Por Rodrigo Aristizábal Giraldo
