Mi Comuna Dos Periódico Comunitario
Cada vez que en el Congreso de la República se presenta una reforma laboral que favorece los derechos del pueblo trabajador colombiano, los gremios económicos, representados por políticos, argumentan que pagar salarios más altos y mejorar las condiciones de los trabajadores desincentiva la generación de empleo y pone en riesgo la economía del país.
Bajo ese pretexto, en los últimos 40 años se han aprobado leyes que evidencian retrocesos en los derechos conquistados por la clase trabajadora en el siglo XIX, origen de la conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores.
Durante este tiempo, se aprobaron la Ley 50 de 1990 y la Ley 789 de 2002, las cuales establecieron la flexibilización laboral mediante empleos temporales, facilidades para los despidos, modificaciones y reducción en los pagos de indemnización por despidos sin justa causa, así como la disminución de los pagos por horas extra y recargos nocturnos. Todo esto se sustentó en la idea de que abaratar los costos laborales impactaría de forma inmediata en la creación de empleo formal.
Sin embargo, transcurrido este tiempo, debemos preguntarnos: ¿dichas flexibilizaciones realmente impactaron en la creación de empleo formal? ¿O, por el contrario, precarizaron las condiciones de los trabajadores?
En informes elaborados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se ha sostenido que la flexibilización laboral, entendida como la disminución de la protección a los derechos de los trabajadores, no estimula la generación de empleo.
Por ejemplo, en el caso de Colombia, se concluyó que la creación de empleo se asocia más a las variaciones en los ciclos económicos que a la flexibilización del mercado laboral. Por esa razón, el argumento de que mejorar las condiciones laborales promueve la informalidad cae por su propio peso. Por el contrario, los informes de la OIT evidenciaron que, cuando se promovieron prácticas de flexibilización en la contratación, se incentivó la tercerización laboral, aumentaron los despidos sin justa causa y la informalidad alcanzó incluso el 65 %.
Por otro lado, también se ha demostrado que la productividad no está directamente relacionada con la cantidad de horas trabajadas. Así lo sostiene la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que indica que, si bien Colombia es uno de los países donde más horas se destinan al trabajo, esto no se refleja en términos de productividad.
El presidente Gustavo Petro y el Ministerio del Trabajo han presentado en dos oportunidades un proyecto de ley para reformar las condiciones actuales y brindar mayores garantías a las trabajadoras y los trabajadores. Sin embargo, la propuesta no ha tenido un trámite adecuado en el Congreso de la República. En las comisiones de Cámara y Senado que se encargan de los asuntos laborales, el proyecto ha sufrido traspiés y modificaciones sustanciales. Cuando llega a debate en la plenaria del Senado, los políticos contrarios al gobierno, en compañía de lobbistas de gremios empresariales y medios tradicionales de comunicación, han utilizado estrategias de desprestigio contra el articulado de la reforma, y entre mentiras e interpretaciones descontextualizadas, han logrado frenar su trámite legislativo.
Ante esta situación, el Gobierno propuso una consulta popular para que sea el pueblo quien decida sobre algunos puntos relevantes presentados en la reforma. Sin embargo, esta posibilidad también fue rechazada por el Senado de Colombia el 12 de mayo de 2025, en una polémica votación donde, a través de “jugaditas”, la oposición tumbó la alternativa de decisión del constituyente primario: el pueblo.
Si bien la reforma laboral presentada por el gobierno Petro no es perfecta y puede mejorarse, el Congreso no debe cerrar las puertas a la discusión sobre mejores condiciones de trabajo para las y los colombianos, pues esto puede traducirse en mayor poder adquisitivo en favor de estos y, en consecuencia, en una mayor capacidad de consumo que impactaría positivamente en la economía colombiana.
Por Juan Esteban Gómez
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