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El destierro, la vida de los sin rumbo

¿Desplazamiento o destierro?

Sin duda alguna, esta es una discusión conceptual la cual implica mucho contenido de significados. Desplazamiento es el hecho de trasladarse de un lugar a otro, este puede ser voluntario o forzado, este último es el habitual para referirse a la población refugiada. Sin embargo, este término queda corto para todo lo que implica esta acción violenta.

En ocasiones puede ser empleado como eufemismo cuyo objetivo es evadir la cruda realidad que implica esa situación. Es por este motivo que en este artículo se ha preferido cambiar el concepto de desplazamiento forzado por destierro. En la Grecia antigua, el peor castigo que podía tener un ciudadano era ser desterrado, porque esto, más que una expropiación de la tierra, era ser expulsado de un territorio que daba identidad, existencia e historia.

La historia no se diferencia mucho del panorama actual colombiano, en el cual las intimidaciones y la violencia producen día a día decenas de personas desarraigadas, no solamente de lo que fue su tierra, sino también, de su pasado, presente y porque no, de su futuro.

Destierro, dilema Colombiano

Según los datos oficiales proporcionados por Acción Social de la Presidencia de la República, Colombia cuenta con alrededor de 3,7 millones de desterrados internos, cifra que coloca al país en segundo lugar del mundo con esta problemática después de Sudán. Sin embargo, ONG como la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), asegura que el total de desterrados internos desde mediados de los 80s supera los 5 millones de personas; poniendo en evidencia el gran desacuerdo en cifras.

La Oficina del Alto Comisariado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, se refiere así para definir la situación de destierro y sus causas: «toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones: conflicto armado interno, disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas a los derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario u otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar o alteren drásticamente el orden público»

Específicamente en Colombia, la Organización de Estados Americanos (OEA), dice que “La gran mayoría de las organizaciones de la sociedad civil colombiana coinciden en señalar que la causa principal del desplazamiento es la violencia política (estado-grupos guerrilleros), la violación masiva de derechos humanos y el irrespeto constante de las normas del derecho internacional humanitario que buscan proteger la población civil”.

Además, continúa diciendo que “las poblaciones afectadas, por su parte, señalan que los actores que con mayor frecuencia obligan los desplazamientos son la guerrilla (31.87%), los paramilitares (21.08%) y el ejército (19.56%) (Conferencia Episcopal Colombiana, 1995), todos sujetos activos o pasivos de amenazas, atentados, homicidios, y en menor medida, torturas, bombardeos, desalojos, miedo y reclutamientos forzosos”.

A lo anterior hay una situación oculta y es la expropiación de la tierra por parte de los grandes terratenientes a los campesinos, acciones que se realizan con intimidaciones de bandas criminales. Esto sucede en regiones en las cuales hay fuertes intereses comerciales, tales como la zona bananera del Urabá, las áreas de explotación de petróleo y la región de minas de oro y plata en el nordeste antioqueño.

ACNUR afirma que “en Colombia viven 87 pueblos indígenas identificados, los cuales hablan 64 lenguas amerindias y están distribuidos, según el censo 2005, en 710 resguardos ubicados a lo largo de 27 departamentos del país. Los indígenas representan el 3.4% del total de la población colombiana. Según cifras oficiales, aproximadamente el 2% del total de personas desplazadas del país pertenece a alguna etnia indígena”.

También, “cerca del 80 % de las personas desplazadas internamente en Colombia son mujeres, niñas y niños. Según el séptimo informe de la Comisión de Seguimiento a la política pública sobre el desplazamiento forzado el 43% de las familias desplazadas tienen jefatura femenina y el 68% de las mujeres desplazadas cabeza de familia están solas”.

En el año 2011, según cifras de Acción Social, han sido registradas 294.666 personas por destierro en el país, siendo 75.703 hogares sin rumbo fijo. Es curioso notar que durante la política de Seguridad Democrática del pasado gobierno, los destierros aumentaron notoriamente.

Acumulado de personas y hogares incluidos en el Registro Único de Población Desplazada según año de expulsión. Acción Social

La Comuna y el destierro

El Plan de Desarrollo Local de la Comuna 2 –Santa Cruz, cita al Diagnóstico Integral de Ciudad para la Equidad (DICE), el cual plantea una cifra de 1.926 personas en situación de destierro “que determina un alto porcentaje de esta población desplazada”.

Paula”, desterrada del municipio de Guarne hace 5 años y habitante de la Comuna, nos cuenta que al igual que ella, muchas personas que comparten su situación se encuentran sin rumbo fijo, porque llegan a una ciudad a empezar de cero, donde casi que hay que agacharle la cabeza a la administración para que brinde las ayudas necesarias. Es por este motivo que “pedir es la forma más común para subsistir los primeros días o meses, y hasta a algunos les toca dormir en la calle”, agrega.

Y es que para esta víctima del destierro, el trauma es una de las cosas más difíciles de superar, porque constantemente se le vienen los recuerdos de ese angustioso hecho en el que perdió a su esposo, llegando embarazada a la ciudad.

Se nos vulneran todos los derechos -continúa diciendo- a la educación, al alojamiento, al vestido, la salud y a la alimentación, es que los demás no lo entienden porque no lo han vivido, no comprenden que somos sacados de nuestras tierras”

Termina diciendo “nosotros somos personas mal vistas, porque supuestamente tenemos beneficios que les son quitados a los otros, es por esto que ser desplazado no es como lo pintan, es una situación infrahumana”.

Todo esto lo dice, mientras que comenta los incumplimientos del gobierno: “para los subsidios de vivienda hay que esperar las convocatorias, dan por hay unas 300 casas; es que nos ponen a vivir de ilusiones, ante los medios de comunicación el gobierno dice que somos muy bien tratados, pero la realidad es otra”.

Porque mientras al victimario se le premia con subsidios infaltables, a la víctima se castiga”

Según la Corporación Social Emprendedores del Futuro, organización que funciona en la Comuna Dos y cuyo objetivo es brindar asesorías a la población desterrada, Urabá, San Carlos y Córdoba, son los lugares de dónde más provienen, quienes se albergan mayoritariamente en lugares como el sector Sinaí y Cañada Negra.

Ruta para acceder a los derechos del desterrado

1. Declarar, consiste en contar los hechos que propiciaron su destierro y todo lo relacionado. Lo puede hacer en la Unidad Permanente de Derechos Humanos, en la Personería de Medellín o Defensoría del Pueblo.

2. Reunión inmediata en la Unidad de Atención a la Población Desplazada (UAO). Allí se brinda la orientación y ayuda inmediata. Estas están ubicadas en el barrio Palermo, Belencito y Caunces de Oriente (Buenos Aires).

3. A los 2 ó 3 meses estará en el sistema para la ayuda de emergencia que consiste en dinero según la cantidad de personas. Además se otorga la carta que lo certifica como desterrado.

Homenaje

Ana Fabricia Córdoba, asesinada el 7 de junio del año 2011 en un bus de Santa Cruz, es fiel reflejo de la violencia y la persecución a los reclamantes de tierra, que aún anhela con retornar a la vida rural. Este es uno de los riesgos que tienen los desterrados, ya que el estado no ofrece las garantías de protección para exigir sus derechos, además la impunidad de los crímenes de estado u otros no dan un buen panorama de justicia e igualdad social.

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