Mi Comuna Dos Periódico Comunitario
En medio de la pandemia se presentan un sinfín de problemáticas que a todos nos competen, pero sin duda alguna la falta de empleo, la recesión económica y la incertidumbre del mañana tiene desvelado a más de uno, pues es evidente que la crisis desnudó un problema estructural en la economía colombiana.
Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) más de cinco millones de colombianos desempeñan trabajos en la informalidad, lo que significa que durante la cuarentena no han podido ejercer su actividad y no cuentan con un ingreso para poder llevar alimento a sus familias. A partir de esto el Gobierno Nacional brindó una serie de ayudas para gran parte de esta población, pero han sido consideradas como insuficientes.
Por lo anterior, un grupo de 50 senadores de la oposición pertenecientes a los partidos Colombia Humana, MAIS, Alianza Verde, Farc y Unión Patriótica, presentaron hace algunos días una propuesta ante el Ministerio de Hacienda, para la implementación de una renta básica.
Inicialmente lo que se pretende es que el Gobierno Nacional le de a un aproximado de 3,5 millones de trabajadores informales un subsidio de un Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV) más todas las prestaciones sociales legales, que equivale a $1.409.000 y también se contempla darle un ingreso vital de $877.802, que es un SMMLV neto a 9,5 millones de hogares vulnerables, es decir, 13 millones de personas serían beneficiadas.
En el caso particular de Medellín y el Área Metropolitana acogería al 40,4% de los habitantes que son empleados independientes, vendedores ambulantes y/o artistas callejeros. Todo esto durante el tiempo de confinamiento causado por el COVID-19 y tres meses posteriores de finalizar la contingencia.
Para esto proponen unificar temporalmente los programas que tienen vigencia en la actualidad, como lo son Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Adulto Mayor, Ingreso Solidario y la devolución del IVA creado por la reforma tributaria. Además, destinar $40,5 billones, equivalentes al 4% del Producto Interno Bruto (PIB) del país.
El Papa Francisco se pronunció sobre este tema y dijo que apoya la consideración de un salario básico universal para mejorar la interrupción económica generada por el virus, que afecta principalmente a la clase trabajadora. Apela también a la consigna humana y cristiana: “ningún trabajador sin derechos”, pues es consciente que son muchos los que trabajan día a día sin garantías que los protejan de la actual crisis coyuntural.
Uno de los países que ha actuado prontamente es España, dónde la renta básica ya es una realidad, el gobierno de coalición introdujo este 29 de mayo de 2020 un esquema que busca beneficiar el 80% de las familias en situación de pobreza severa, aproximadamente 850.000 familias.
No obstante, la pregunta clave es si en este momento sin precedentes, deberíamos ser beneficiados únicamente con una renta básica o con una canasta de derechos, pues en esta última se incluyen la vivienda digna, el acceso a la educación de calidad, la atención médica oportuna y bajo las mejores condiciones y más. Debe quedar claro que los derechos no son subsidios, son garantías que el Estado debe proveer, respetando así lo plasmado en la Constitución Política de Colombia, garantizando la dignidad humana, en la cual se basan los derechos fundamentales.
Sara Escobar Ramírez.
