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Protección de moradores y participación local, todos podemos ganar

Actualmente, con motivo de la aprobación del POT de Medellín y el resurgimiento de términos como macroproyecto, se han despertado diversos temores sobre la forma en que esto va a afectar nuestros barrios. Para muchos, proyecto urbano es igual a expulsión de residentes, mejoramiento barrial equivale a aumento de impuestos, renovación urbana significa pérdida de empleos. Para otros, detrás de la idea de ordenamiento territorial se esconden siempre los más oscuros intereses que solo buscan despojarnos del derecho a la ciudad.

Estos miedos reflejan un problema clásico de nuestra sociedad y de nuestra forma de construir la ciudad: de un lado está la desconfianza que existe por parte de las comunidades hacia los encargados de tomar las decisiones sobre el territorio; del otro, la escasa atención que los técnicos y políticos prestan a los procesos y saberes comunitarios.

Así, tenemos a menudo un abismo entre las políticas públicas y las necesidades locales y otro –tal vez el mismo- entre las exigencias de las personas y las realidades de la ciudad. El futuro de la planeación urbana está en resolver este problema. En el contexto descrito aparece un tema fundamental: la protección de los moradores en medio de las transformaciones de la ciudad.

Por moradores entendemos a todos aquellos que habitan un territorio, empezando por los residentes, pasando por los pequeños comercios y llegando hasta las grandes industrias. La lógica dicta que estos deben ser protegidos de los efectos negativos que puedan tener los diferentes proyectos de la ciudad, desde un nuevo edificio hasta un bello parque o una gran autopista. El reto está en pensarlos y ejecutarlos de manera tal que beneficien a todos –por lo menos a una gran mayoría- y esto es mucho más difícil de lo que parece. Muchos pensamos que una de las claves del éxito en semejante reto está en los moradores ¿Por qué?

Ante la histórica ausencia institucional en muchos sectores de la ciudad, han sido los propios habitantes quienes se han convertido en los gestores del desarrollo de sus territorios y sus comunidades. Gracias a ello, han acumulado un conocimiento y un sentido de pertenencia de gran valor. Ignorar esa experiencia a lo largo de las diferentes etapas del proyecto urbano (diagnóstico, planeación, diseño, ejecución, sostenibilidad) no sólo sería una injusticia desde el punto de vista social sino un grave error técnico.

Cuando hablamos de ciudad no nos referimos únicamente a las casas y las calles, no hablamos solo de parques y avenidas. La ciudad es ante todo una red de relaciones que tejemos día a día mientras compartimos un territorio. La creación de esa red toma tiempo y es principalmente protagonizada por la gente. Algunos países emprendieron hace varias décadas la difícil tarea de crear ciudades nuevas, allí se encontraron con que crear un tejido social y económico, es una labor mucho más compleja que la construcción de puentes y edificios. En muchos de nuestros barrios, ese tejido ya existe, por lo tanto debemos verlo como un magnífico avance en la idea de construir una ciudad mejor.

Nadie conoce mejor las necesidades y oportunidades de un lugar que la gente que lo habita, por lo tanto nadie está en mejor posición para apoyar el trabajo de toma de decisiones por parte de los técnicos y los políticos.

El POT plantea que la protección de moradores es uno de sus 9 principios legales, la visión propuesta de Medellín al 2030 habla de un territorio socialmente incluyente, la idea de participación social se repite numerosas veces a lo largo de este documento oficial.

¿Cómo hacer que esto se cumpla? ¿Cómo aprovechar esta oportunidad para cambiar la forma en que se han hecho las cosas hasta ahora? ¿Cómo tender verdaderos puentes de respeto, cooperación y trabajo conjunto entre los proyectos públicos y los procesos comunitarios de base?

Sin duda, las respuestas a estas preguntas deben ser construidas entre todos, poco a poco; sin embargo, desde ya podemos citar algunas condiciones para que esto sea posible:

  • Fomentar, apoyar, proteger y respetar la participación de las comunidades debe ser una prioridad de los gobiernos locales, una verdadera política pública sin la cual la democracia no tiene futuro.
  • Hacer de las comunidades un actor privilegiado en los proyectos urbanos, incluyéndolas en todas las etapas y valorando su conocimiento. Esto puede hacer los procesos más lentos, pero sin duda sus efectos serán más cercanos a las necesidades de la gente, quienes serán garantía de la sostenibilidad en el tiempo.
  • No empezar desde cero. En nuestra ciudad existen numerosos ejemplos de procesos participativos, algunos de ellos exitosos. Aprender de ellos, tomando lo mejor y mejorando lo que no ha funcionado, nos permitirá avanzar más rápido.
  • Comprender que tenemos deberes como ciudadanos. Nuestra tarea no se limita a exigir, quejarnos y criticar. Como moradores de un territorio debemos ser los primeros responsables de él. Por eso tenemos que cumplir con el deber de participar de las discusiones, vigilar la acción del sector público y ayudar con el control social sobre lo que hacen los demás.

Medellín es reconocida por acoger procesos urbanos innovadores donde generalmente lo único visible es lo construido (el cable, el parque, la biblioteca, etc.).

¿Qué tal si innovamos en nuestra forma de construir la ciudad a partir de la participación ciudadana?
Todos podríamos ganar.

Por Daniel Carvalho 
Autor invitado

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