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Programa de arrendamiento temporal, la realidad de muchas familias

Alberto Duque es habitante de la Comuna 2 hace más de 25 años, vive con su esposa y juntos criaron a sus cuatro hijos en el barrio La Francia. Provenientes de Bello, inician su nueva vida, llena de sueños, ilusiones, proyectos de vida y una “casita” propia, misma que demolieron por estar ubicada en una zona de alto riesgo.

Cuando llegaron al barrio lo hicieron pagando un arriendo en una pequeña casa, después, como en esa época había tanta violencia, un vecino fue amenazado por un “hombre violento”, como lo llama él, quien se vio en la necesidad de abandonar el barrio. Más adelante Alberto le propone que le venda la casa que abandonó pagándosela por cuotas y así lo hizo. De esta manera, Duque y su familia inician una vida más sólida en su casa propia.

“Resulta que a esa casita vino mi papá y la arregló, después la vendimos más o menos bien vendida, en siete millones de pesos. De ahí salí y compré otra casita en todo el borde de la calle”, narra Alberto Duque, mientras asiente que allí fue donde crio a sus hijos. Posteriormente tuvo que salir de la vivienda por recomendación del Estado ya que se encontraban en alto riesgo.

Alberto asegura que en la casa nunca había pasado nada porque su padre le construyó buenos cimentos y un muro de contención que soportaba el lugar, el cual permanece todavía en el lote. Si bien su vivienda estaba segura, las vecinas no tanto, por lo que cuando la montaña vecina comenzó a ceder con la lluvia, casi tumba una de ellas.

A partir de esto declararon la zona como alto riesgo y se emite por parte del SIMPAD, que ahora es el DAGRD – Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres, un desalojo permanente: “Lo malo es que nos dieron fecha, nos dijeron se tienen que salir. Le tomaron fotos a la casa, al primero y al segundo piso, inclusive era tanto el afán de la inspección de Policía que tan pronto salimos fueron allá con un tractor, con una retro (maquinaria pesada) y tumbaron todas esas casas, yo tengo documentos de eso”.

Programa de arrendamiento temporal

Después de abandonar la vivienda, se les asignó la participación en el Programa de Arrendamiento Temporal, que según el ISVIMED – Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín, “atiende a las familias en condiciones de vulnerabilidad social y económica, ocasionada por un desastre natural, ubicación en zona de alto riesgo o por obra pública, con un subsidio de arrendamiento temporal como alternativa de solución habitacional para que puedan continuar con su desarrollo familiar, mientras acceden a soluciones habitacionales definitivas o regresan a sus hogares una vez mitigado el riesgo”.

Así han pasado casi siete años y la familia de Alberto Duque continúa recibiendo este subsidio, que ahora se ve amenazado, pues según la nueva información que les brindaron, deben garantizar algunas cosas que según él, “lo hacen como colador, para sacar a muchas familias del programa”.

“Resulta que nos dijeron que dentro del grupo familiar ya no podemos ganar más de dos salarios mínimos.  Afortunadamente  yo no estoy dentro de ese grupo porque yo no me gano el mínimo, yo trabajo de cuenta mía”, narra Alberto refiriéndose a la información que les brindaron, la cual obedece al Decreto 2393 del 20 de noviembre de 2013.

Otra exigencia que según él les contaron en la reunión, es que un contador público es quien debe certificar los ingresos como independiente, esto con el fin de validar que no superen los dos salarios mínimo, situación que amplía sus gastos.

Jenny Ocampo, subdirectora poblacional del ISVIMED, afirma que estos no son cambios hechos por ellos, que todo está acorde al decreto que los reglamenta: “Nosotros hacíamos una verificación aleatoria de los requisitos, pero producto precisamente de un plan de hallazgo de la Contraloría y un plan de mejoramiento, estamos siendo más rigurosos en la revisión y el cumplimiento de estos”.

Para la familia, esta forma de exigencia es un modo de excluirlos del programa; para el ISVIMED, es el debido procedimiento que tienen como instancia pública. Lo cierto es que las comunidades que hacen parte de este programa, como la familia de Alberto, se encuentran ahora preocupados y temen que a futuro no les garanticen contar de nuevo con su vivienda propia.

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