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‘Desconectados’: el drama que no se soluciona con baldados de agua

En Medellín viven más de 42 mil familias ‘desconectadas’ de los Servicios Públicos Domiciliarios (SPD), pues no cuentan con agua potable, alcantarillado y energía a causa del desempleo, la falta de ingresos fijos y vivir en zonas de alto riesgo, principalmente.

Con agua traída en una caneca desde la casa de algunos vecinos, Sor Estela Muñoz, de 51 años de edad, preparaba la comida para su familia y de paso tasaba el resto para que todos pudieran bañarse. Después de dos meses, la mujer consiguió una manguera que conectó desde el primer piso para hacer más fácil la dinámica, pues su hogar estaba ‘desconectado’ del servicio público de agua potable.

Factores como el desempleo, la informalidad, la ilegalidad y la falta de ingresos fijos para abastecer las necesidades básicas, entre ellas pagar a tiempo los servicios públicos, son algunas de las causas para que Medellín sea una de las ciudades con mayor número de familias ‘desconectadas’.

En el último conteo realizado por las Empresas Públicas de Medellín (EPM) hasta el 30 de septiembre, se detectó que 42.682 usuarios están en la categoría de morosos, es decir, “han dejado vencer dos cuentas de servicios públicos y de acuerdo con la ley el prestador del servicio puede proceder con la desconexión”. De esta cifra 14.409 no tienen acceso al agua potable.

Además, los sectores más afectados son el Popular 1 y 2, Santa Cruz, Villa Hermosa, San Javier y Manrique. Sin embargo, se estima que más del 70% de los consumidores acceden a los servicios públicos mediante conexiones ilegales o la ayuda de vecinos.

Sor Estela es de estrato 2 y trabaja por temporadas como confeccionista. Vive en una casa en Villa Niza con las comodidades básicas, con su hijo de 35 años de edad, su nieto de 8 meses y otra menor de 8 años. Y cuando ella era una cifra más de la ciudad, vivía con su mamá de 67 años de edad (Q.E.P.D.).

“Yo tenía una deuda desde hacía más de 10 años. La financiaba y me ponían a pagar entre 70 y 80 mil pesos. Esto más el costo de los otros servicios sumaban más de 200 mil pesos mensuales. Mientras yo tenía trabajo pagaba bien, y si no, dejaba que cortaran el agua. Incluso me llegué a conectar fraudulentamente porque ¿quién vive sin agua y más con una persona de edad?”, cuenta Estela.

Jesús Geová Mejía Rosas, presidente de Junta de Acción Comunal Villa Niza y vocero de servicios públicos de la Comuna 2, explica que las personas en su afán de tener el servicio restablecido se comprometen con EPM a pagar cuotas que, después de dos o más meses no son capaces de asumir, y por ende la deuda sigue incrementando y se vuelva a suspender la conexión.

“Hay personas con varias reconexiones porque han pactado cuotas muy altas o tienen la cultura de no pago. O se conectan de un poste para no pagar los servicios, pero desconocen que eso tiene una sanción legal. Sin embargo, en el caso del agua, que es un derecho fundamental, pueden acceder mediante una tutela”.

La ley 142 de SPD del 2002 establece que el hecho de que los usuarios no tengan cómo pagar las cuentas, no los eximen de la deuda; y para que la empresa restablezca el servicio el usuario tiene que pagar las facturas que debe, los intereses de mora y los gastos de reinstalación.

Ante la desconexión existen mecanismos de protección

 A finales de enero, dos contratistas de EPM fueron a suspenderle el servicio de agua a Sor Estela, quien después de ver el procedimiento volvió a conectarse. Sin embargo, una semana después le sellaron el agua desde el tubo madre.

Preocupada ante esta situación consiguió con un “paga diario” 200 mil pesos para financiar el pago de la deuda, que para entonces sumaba 1 millón 900 mil pesos. A pesar de su esfuerzo, el dinero no fue suficiente.

“Salí muy triste del Edificio Banco de Londres y de regreso una vecina me recomendó que fuera donde Jesús Geová para hacer una tutela en contra de EPM. Hablé con él y me dijo que llevara la hoja del sisbén, certificados de la historia clínica y las copias de los documentos de quienes vivían conmigo. Luego llevé la tutela y en el transcurso de la semana me llamaron para que me presentara el 28 de marzo a las 8 a.m. al juzgado 35 para dar la declaración”, narra Estela.

En la sentencia de la Corte Constitucional T-270 del 2007 se prohíbe desconectar a personas en situación de vulnerabilidad y en la T-546 del 2009 se prohíbe desconectar del agua potable a los hogares donde habiten menores de edad.

Por su parte, la Unidad Permanente para los Derechos Humanos de la Personería de Medellín le manifestó a Mi Comuna 2 que “hay muchas sentencias de la Corte Constitucional que son explícitas en decir que en aquellos lugares donde hay personas adultas mayores, personas enfermas, madres cabeza de hogar, víctimas del conflicto, niños y niñas no puede haber desconexión del agua potable”.

A los pocos días de dar la declaración, Estela recibió la llamada del juez quién le explicó que había sido favorecida con la tutela, y que además le daba a EPM un plazo de 48 horas para que la reconectaran.

“El juez me dijo que esperara la llamada de EPM para negociar como yo pudiera pagar, no como ellos me dijeran. Vinieron a reconectarme el agua y quedé con un chorrito pequeñito: el Mínimo Vital. Y a la semana siguiente fui al Edificio Inteligente a financiar la deuda por 10 años, sin intereses y con cuotas de 22 mil pesos mensuales. Fueron 5 meses que estuve desconectada”.

Por medio de la acción de tutela los usuarios de servicios públicos pueden solicitarle a un juez que ampare el derecho al agua, pues esta se considera fundamental y se define, de acuerdo al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales como “el derecho de todos de disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal o doméstico”. Sentencia T-740/11

“El juez también le dice al usuario que está en la obligación de cumplir con la deuda a través de cobro jurídico. Además es importante que la persona tenga voluntad de pago así no tenga trabajo o ingresos estables”, agrega Geová Mejía.

Ahora bien, las personas en situaciones más vulnerables pueden hacer parte del Mínimo Vital de Agua Potable, es decir, la cantidad mínima de agua que se otorga desde el 2009, por medio del Plan Litros de Amor de la Alcaldía de Medellín, para abastecer las necesidades básicas. Equivale a 2.500 litros de agua (2,5 m3) mensuales por persona.

El problema de la ‘desconexión’ es más agudo

Según el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) en Medellín y sus laderas existen zonas de alto riesgo que impiden tener la red de acueducto y alcantarillado. Al respecto, la Unidad Permanente para los Derechos Humanos resalta que “El Estado como tal, sea municipal o central, no puede invertir recursos en aquellos lugares que están por fuera de la cota del perímetro permitido para asentamientos humanos”.

Pese a esta situación y constantes denuncias, en el 2009 se creó la Mesa Interbarrial de Desconectados, con el fin de exigir una vida digna en los sectores populares de Medellín. Hoy cuenta con la participación de más de 10 barrios.

“La mayoría de las personas cuentan con un tejido social fuerte y reciben mucho apoyo de sus vecinos. Pero al pasar los días se afecta mucho la dignidad, porque cuando se afectan los servicios cambian todas las dinámicas», expresa Claudia Serna, abogada de la Corporación Jurídica Libertad e integrante de la mesa.

Según reporte de Unicef, en Colombia cada año mueren más de 7 mil menores de 5 años de edad por las deficiencias en el sistema de alcantarillado y agua potable. Aproximadamente 150 mil personas que viven en las laderas de Medellín consumen agua no tratada.

Pero a pesar de la edad, género y estrato, el agua es un bien natural y esencial para vivir. Conocer los derechos y deberes de los usuarios, las obligaciones de las empresas prestadoras de servicio y del Estado, es una forma para mitigar los altos índices de ‘desconectados’ que existen en Medellín y el país. Porque estar desconectados, es un drama que no se soluciona con baldados de agua.

      • Cuando se superan 8 cuentas sin pagar la empresa procede a desconectar.
      • La radiografía sobre los desconectados indica que el 29 % pertenecen al estrato 1, el 46 % al 2 y el 21% al 3. Cifras tomadas del artículo: Bajaron desconectados, pero el problema no cesa. ELCOLOMBIANO.COM

 Por Lizeth Cano Mesa

Colaboración periodística: Elizabeth Espinosa Arango – Katherine Giraldo

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